|
Defensoría resalta voluntad de diálogo del Estado en solucionar conflicto en Cajamarca |
|
|
|
martes, 13 de diciembre de 2011 |
|
 Lima (ANDINA). El Estado evidencia voluntad de diálogo para solucionar el conflicto en Cajamarca, que no se pudo lograr por una débil representatividad dirigencial y cierta posición intransigente, opinó hoy el comisionado para Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Jorge Mansilla.
Sostuvo que si bien el Estado de emergencia decretado en esa región norandina ha permitido la recuperación del orden formal y del orden público, aún no se ha resuelto el conflicto social generado por un sector que rechaza el proyecto minero Conga.“Los actores están interesados en resolverlo, hay una voluntad de dialogar, y eso es importante. La Defensoría pudo comprobar en el Estado una voluntad de diálogo, y esa voluntad de diálogo no se puede perder”, aseguró. Según dijo, ahora que existe calma en la región Cajamarca, es importante que el Poder Ejecutivo retome el proceso de diálogo a la brevedad, y así evitar que la paralización se prolongue en el tiempo y perjudique a la población.
El comisionado refirió que en la anterior etapa de diálogo no pudo concretarse acuerdos porque hubo “debilidades a nivel de dirigencias sociales” debido a que carecían de facultades de decidir sobre determinados aspectos y requerían hacer consultas a sus bases.“Es un hecho que hubo intransigencia de los dirigentes. El diálogo se cortó porque no pudo llegarse a un acuerdo en relación a la consulta que los dirigentes querían hacer con sus respectivas bases. Ese ha sido el punto de entrampamiento”, expresó.De otro lado, adelantó que en el informe defensorial 93 sobre conflictos sociales, hay dos casos que merecen la atención inmediata de las autoridades para evitar que se transformen en conflictos similares al de Cajamarca.Mencionó que el primer caso es un conflicto en las provincias de Santa y Casma, en la región Ancash, donde hacer semanas protestan contra un perfil técnico elaborado por el gobierno regional sobre el proyecto agrícola Chinecas.Y en el segundo caso, indicó que se trata de la provincia de Quiruvilca, en la región de La Libertad, cuya población también rechaza un estudio de impacto ambiental que no garantiza el nivel de agua de consumo humano requerido, en la minera Barrick.“La Defensoría interviene para proteger el derecho de las personas, y ayudar que los conflictos se solucionen por la vía de la legalidad y el diálogo”, anotó en TV Perú. |
